Profesionales de la salud han sufrido conductas discriminatorias por miedo a que puedan suponer un foco de contagio de la COVID-19. El presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, anima a las víctimas a denunciar los hechos y defiende que el personal sanitario es el primer interesado en que no haya más víctimas.
Florentino Pérez Raya
Alguien dijo “tengo miedo de tu miedo”. El comportamiento de una persona asustada ante la amenaza invisible que nos acecha –el SARS-CoV-2 o coronavirus– puede ser de lo más irracional.
Si a eso le sumamos el largo confinamiento, la incertidumbre y, en general, el giro que han dado nuestras vidas, podemos entender ciertas conductas, pero hay una línea roja que se ha traspasado.
Es posible que estas circunstancias hayan llevado a una serie de personas a la colocación de carteles amenazantes hacia los profesionales sanitarios que luchan sin descanso contra la COVID-19, una acción a caballo entre la inconsciencia, la ignorancia y el delito.
Esos repugnantes hechos han sido minoritarios y censurados por la opinión pública, pero han supuesto un mazazo para los receptores de las amenazas y sus compañeros
En algunos casos, se trata de un folio pegado en el portal, incluso en el que se reconoce la contribución del enfermero, médico, técnico, celador o limpiador, pero en el que se le invita a mudarse a otro lugar, a abandonar ‘su casa’.
En los más graves, la hostilidad se ha plasmado en forma de pintada insultante en el coche de una ginecóloga de Barcelona. Por fortuna, esos repugnantes hechos han sido minoritarios y censurados por la opinión pública, pero eso no implica que no hayan supuesto un mazazo para los receptores de las amenazas y sus compañeros.
Los profesionales sanitarios que trabajan contra la epidemia, de los que unos 260.000 son enfermeras o enfermeros, han visto con sus propios ojos el sufrimiento de los pacientes, de las personas que se quedaban sin una cama de UCI y, por tanto, sin esperanza; también la llegada de los más jóvenes y sin patologías previas y, por supuesto, la muerte de muchos de ellos.
Desde el punto de vista anímico el precio está siendo altísimo, pero saben que su lucha tiene sentido. Mueren decenas de miles de personas, pero sobreviven muchas más. Lo que resulta intolerable es que alguno de esos compañeros sanitarios, cuando llegue a casa agotado y frustrado, tenga que leer un cartel que le pide que se mude a otro lugar, como un apestado.
Los desalmados que se esconden tras esos carteles y pintadas deben saber que, además de machacar a un profesional, están pudiendo cometer un delito de odio que es denunciable, perseguible y punible, como han dejado claro los representantes de la Policía Nacional.
Dolor entre los sanitarios
Conocer esos casos de enfermeras y médicos amenazados ha generado en los profesionales un sentimiento de rabia y dolor hacia esas actitudes insolidarias de unas personas sin un ápice de humanidad y sentido común.
Esos sanitarios a los que quieren tener lejos de sus casas están jugándose la vida por la sociedad a la que sirven. Se han expuesto al virus sin protección para cuidar y tratar a ciudadanos anónimos. ¿Creen ustedes, autores de los carteles, que ellos no tienen miedo? Ya han muerto varios compañeros suyos. También ellos tienen familia.
Esos sanitarios a los que quieren tener lejos de sus casas están jugándose la vida por la sociedad a la que sirven. Se han expuesto al virus sin protección para cuidar a ciudadanos anónimos
Sufren la enfermedad en sus carnes. Según nuestros datos, más de 70.000 enfermeras se han podido contagiar en su puesto de trabajo por carecer de los equipos de protección más elementales –mascarillas, EPIs o guantes–.
Los profesionales sanitarios son conscientes de las estrictas medidas de higiene que deben observar cuando vuelven de su centro de trabajo para no contagiar a nadie. Son los primeros interesados en que la COVID-19 no cause más víctimas. No exigen más que respeto.
Estoy convencido que los cobardes que pegan los carteles –también hacia una cajera de supermercado– son una exigua minoría que no representa el sentir de los vecinos del inmueble, ni de esa sociedad que se rompe las manos a aplaudir cada tarde a las ocho. Son pocos, pero no gozan de impunidad.
Animamos a todas las enfermeras y enfermeros que reciban cualquier tipo de mensaje ofensivo o intimidatorio a que denuncien los hechos inmediatamente. El Consejo General de Enfermería y todos los colegios provinciales tienen sus equipos jurídicos siempre a disposición de los profesionales y, en este caso, se redoblarán esfuerzos para que no quede sin castigo ningún ataque.
Una condena unánime
La condena de estos actos ha sido unánime, también en lo que respecta a figuras públicas y representantes políticos. La bajeza de atacar a los que se juegan la vida por ti contrasta con el reconocimiento a los profesionales sanitarios desde el primer día de la pandemia.
La condena de estos actos ha sido unánime, también en lo que respecta a figuras públicas y representantes políticos
El personal de enfermería recibe emocionado los aplausos y elogios. Nosotros, como sus representantes, no podemos estar más orgullosos de su entrega, profesionalidad y sacrificio.
Sin embargo, como presidente de las 307.000 enfermeras y enfermeros españoles, solo deseo que cuando todo esto pase, esos mismos que se llenan la boca alabando su labor sean coherentes.
Que los gobernantes nacionales y autonómicos, de todo signo político, no permitan que esos ‘héroes’ sin capa no vuelvan a encadenar infames contratos por días, puedan conciliar su vida familiar, se les permita investigar, puedan tener plaza de especialista –algo que repercute en la mejora de la atención sanitaria– y desarrollen todo su potencial asistencial en una sociedad envejecida como la nuestra.
En resumen, que veamos una apuesta real por la enfermería. La relevancia de su rol indispensable en el sistema sanitario está hoy fuera de toda duda. Cuando se apaguen los aplausos, que no se borre la memoria de los gobernantes.
Florentino Pérez Raya es presidente del Consejo General de Enfermería de España.
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