La reforma busca cerrar vacíos de la Ley 59 y evitar pérdidas económicas durante tratamientos, cirugías o incapacidades médicas prolongadas
Redactor: Camila Herrera R.
Editor: Eduardo Schmitz
Panamá comenzó a discutir una reforma a la protección laboral de trabajadores con enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas que produzcan discapacidad laboral. La propuesta busca cerrar vacíos detectados en la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005 y evitar que las personas afectadas pierdan ingresos durante tratamientos, cirugías, citas médicas o periodos de incapacidad.
La iniciativa es impulsada desde el despacho de la diputada Paulette Thomas, presidenta de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Como parte del proceso, se organizó un conversatorio con pacientes, especialistas y representantes de distintos sectores para recoger propuestas que permitan actualizar la legislación vigente.
El punto central del debate es que conservar el empleo no siempre significa conservar la estabilidad económica. La Ley 59 protege contra el despido por enfermedad, pero pacientes y legisladores señalan que todavía existen trabajadores cuyos ingresos pueden reducirse cuando sus salarios dependen de comisiones, bonos, incentivos, metas o indicadores de gestión.
Una ley que protegió el empleo, pero dejó vacíos
La Ley 59 fue creada para evitar que una enfermedad crónica se convirtiera en motivo de despido. La norma establece que ningún trabajador puede ser despedido por padecer una enfermedad crónica, involutiva o degenerativa que produzca discapacidad laboral, siempre que pueda desempeñar funciones compatibles con su estado de salud.
También prohíbe cualquier forma de discriminación o presión para inducir al trabajador a renunciar. En caso de despido, exige que exista causa justificada y autorización judicial previa.
Sin embargo, la discusión actual apunta a un problema concreto: trabajadores que mantienen su puesto, pero ven disminuir sus ingresos porque no pueden cumplir metas comerciales, asistir a jornadas completas o alcanzar indicadores durante tratamientos prolongados. En enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión o patologías degenerativas, esa reducción puede coincidir con mayores gastos médicos y familiares.
Pacientes con ingresos variables
La diputada Paulette Thomas señaló que uno de los principales vacíos afecta a colaboradores cuyos ingresos dependen en gran medida de comisiones, bonos e incentivos. Cuando una persona debe acudir a tratamientos, someterse a cirugía o recuperarse de una incapacidad médica, puede perder una parte significativa de su remuneración variable.
La reforma pretende adaptar una ley aprobada hace casi dos décadas a las nuevas formas de remuneración del mercado laboral. En muchos sectores, el salario fijo ya no es el único componente del ingreso mensual; las metas, bonificaciones y pagos por productividad pueden representar una proporción importante del sustento familiar.
El desafío consiste en equilibrar dos necesidades: garantizar protección económica a pacientes que enfrentan enfermedades de larga duración y ofrecer reglas claras a los empleadores para aplicar la norma sin incertidumbre jurídica.
Procedimientos más claros para trabajadores y empleadores
Otro eje de la propuesta es establecer procedimientos más precisos para la aplicación de la Ley 59. Entre los aspectos que se buscan incorporar figuran la forma en que el trabajador debe acreditar su condición médica, los documentos mínimos que debe presentar, los plazos para que el empleador evalúe la solicitud y las obligaciones de ambas partes durante el proceso.
La seguridad jurídica aparece como una preocupación compartida. Pacientes y empleadores necesitan saber qué pasos seguir, qué certificaciones son válidas, cómo se protege la confidencialidad médica y qué ajustes pueden aplicarse durante tratamientos o recuperaciones.
La protección laboral de personas con enfermedades de larga duración se relaciona con un fenómeno sanitario más amplio: el aumento de enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo. En Panamá, el debate conecta directamente con la carga de hipertensión y diabetes, dos condiciones expresamente mencionadas dentro del alcance de la legislación vigente.
Qué enfermedades están comprendidas
La Ley 59 define como enfermedades crónicas aquellas cuyo tratamiento se prolonga por más de tres meses y tiene carácter paliativo, no curativo. Entre los ejemplos incluidos figuran diabetes mellitus, lesiones tumorales malignas, hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH/Sida.
La normativa también comprende enfermedades involutivas, como la esclerosis múltiple, y enfermedades degenerativas como artritis reumatoide, osteoartritis y patologías del sistema nervioso central y periférico.
Estas enfermedades pueden afectar la capacidad laboral de manera intermitente o progresiva. Algunas requieren controles periódicos; otras demandan hospitalizaciones, cirugías, sesiones terapéuticas, rehabilitación o ajustes temporales en funciones y horarios.
Cáncer, tratamientos y estabilidad económica
Durante el conversatorio participaron pacientes oncológicos, entre ellos Michel Despaigne y Louris Higueral, quienes compartieron las dificultades enfrentadas después de recibir un diagnóstico de cáncer mientras mantenían una relación laboral.
Los testimonios pusieron sobre la mesa una dimensión práctica: los tratamientos no solo afectan la salud física. También modifican horarios, capacidad de desplazamiento, energía disponible, asistencia laboral y estabilidad económica. En ese contexto, la protección contra el despido puede resultar insuficiente si no se acompaña de mecanismos que reduzcan la pérdida de ingresos.
La discusión adquiere relevancia en un momento de avance terapéutico en oncología. Nuevas estrategias contra el cáncer, incluidas terapias combinadas, pueden prolongar procesos de tratamiento y seguimiento, lo que refuerza la necesidad de normas laborales capaces de acompañar trayectorias médicas más largas.
Una realidad sanitaria de gran escala
La reforma se discute en un país donde las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos de salud pública. De acuerdo con datos citados del Ministerio de Salud, el 42% de la población panameña padece hipertensión arterial y aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años vive con diabetes.
La Caja de Seguro Social también ha advertido que más de la mitad de la población panameña presenta al menos una enfermedad crónica. Esta realidad impacta al sistema sanitario, al mercado laboral y a las familias que deben sostener gastos, cuidados y responsabilidades laborales al mismo tiempo.
El crecimiento de condiciones metabólicas y cardiovasculares obliga a pensar la salud más allá del consultorio. La prevención, el tratamiento y la continuidad laboral forman parte de un mismo problema. El seguimiento de la prediabetes y la diabetes tipo 2 muestra cómo una condición crónica puede requerir controles constantes y decisiones sostenidas durante años.
Protección sin discriminación
Uno de los principios centrales de la Ley 59 es impedir que la enfermedad sea utilizada como causa de despido o discriminación. La reforma busca reforzar esa protección, pero también corregir situaciones en las que el trabajador queda formalmente protegido, aunque económicamente debilitado.
La propuesta no elimina la necesidad de justificar incapacidades, acreditar diagnósticos ni definir funciones compatibles con el estado de salud. Al contrario, pretende ordenar esos procedimientos para reducir conflictos y evitar interpretaciones contradictorias.
En enfermedades degenerativas como artritis reumatoide u osteoartritis, la discapacidad puede aparecer de forma progresiva. Investigaciones sobre artritis reumatoide recuerdan que el diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden aliviar síntomas y ayudar a prevenir discapacidad, pero muchas personas requieren seguimiento prolongado.
El próximo paso en la Asamblea Nacional
Las propuestas recogidas en el conversatorio servirán de base para elaborar un proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Nacional. El objetivo es actualizar una norma que durante dos décadas ha protegido el derecho al trabajo de miles de personas, pero que ahora requiere ajustes frente a nuevas realidades laborales y sanitarias.
La reforma buscaría que la protección laboral incluya no solo estabilidad en el puesto, sino también mecanismos que eviten afectaciones económicas injustificadas cuando el trabajador enfrenta tratamientos médicos, cirugías o incapacidades derivadas de enfermedades crónicas.
La discusión panameña refleja un reto regional: cómo adaptar las leyes laborales a poblaciones que viven más años, pero también conviven con enfermedades crónicas que exigen atención continua. La respuesta no depende solo de hospitales o médicos, sino de normas que permitan tratarse sin perder el empleo ni quedar expuesto a una caída abrupta de ingresos.
Fuente(s) referenciales
Infobae: Impulsan cambios a la protección laboral de pacientes con enfermedades crónicas en Panamá
