La Comisión NUS–Lancet PRIME analizó experiencias en 20 países y modeló una pandemia de influenza A en 173 naciones para identificar cómo la equidad, la protección social y la confianza pueden reducir la mortalidad
Redactor: Camila Herrera R.
Editor: Eduardo Schmitz
La preparación frente a futuras pandemias no puede limitarse a disponer de laboratorios, sistemas de vigilancia, reservas de insumos y protocolos de emergencia. La Comisión NUS–Lancet PRIME examinó experiencias de comunidades afectadas durante la COVID-19 en 20 países y concluyó que las condiciones sociales, el acceso efectivo a los servicios sanitarios y la confianza pública pueden determinar hasta qué punto una sociedad logra proteger a su población durante una crisis.
El informe, denominado Transforming Pandemic Readiness for Equity, fue elaborado por una comisión creada por la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y The Lancet. El grupo reúne a 41 especialistas procedentes de ámbitos como salud, finanzas, planificación y trabajo comunitario, y propone replantear la preparación pandémica alrededor de la protección de las personas antes, durante y después de una emergencia sanitaria.
La propuesta amplía una discusión que permanece abierta desde la COVID-19: los sistemas sanitarios pueden poseer importantes capacidades técnicas y, aun así, encontrar dificultades para proteger a determinados sectores de la población. La experiencia acumulada durante aquella emergencia también transformó herramientas asistenciales, como ocurrió con la expansión de la telemedicina durante la pandemia, pero dejó al descubierto diferencias de acceso y capacidad entre sistemas y comunidades.
Cinco vulnerabilidades pueden debilitar la respuesta sanitaria
La Comisión PRIME combinó estudios realizados en 20 países, seis revisiones, escenarios prospectivos y modelos epidemiológicos. Entre los territorios examinados figuran China, Inglaterra, Etiopía, India, Indonesia, Japón, Eslovenia, Líbano, México, Mozambique, Noruega, Perú, Singapur, España, Tanzania, Tailandia, Turquía, Uruguay y Estados Unidos.
El análisis identificó cinco vulnerabilidades estructurales capaces de aumentar la desprotección durante una emergencia: dificultades para cubrir necesidades básicas como ingresos y alimentos; inseguridad habitacional y hacinamiento; exclusión administrativa de la atención sanitaria y la protección social; desconfianza hacia las instituciones y la información sanitaria; y debilidad de los sistemas de salud y asistencia social.
La importancia de estas condiciones reside en que pueden impedir que una recomendación técnicamente correcta sea viable en la práctica. Una persona que vive en un espacio hacinado puede tener dificultades para aislarse, mientras que barreras administrativas, económicas o lingüísticas pueden limitar el acceso a ayudas, servicios médicos o información esencial.
Este enfoque coincide con una de las enseñanzas que siguen dejando otras emergencias infecciosas: la vigilancia epidemiológica necesita estar acompañada por servicios capaces de responder bajo presión. Los problemas detectados recientemente en la vigilancia del hantavirus en América Latina han vuelto a colocar en discusión la coordinación regional y la capacidad de convertir las lecciones de la COVID-19 en estructuras sanitarias duraderas.
Un modelo calcula el efecto de acelerar y repartir mejor las vacunas
Para cuantificar cómo determinadas decisiones podrían modificar la mortalidad, los investigadores modelaron una pandemia hipotética de influenza A que afectaría a 173 países durante dos años. En el escenario utilizado, las primeras dosis de vacunas estarían disponibles a partir del día 100.
El ejercicio no constituye una predicción de una pandemia próxima. Su finalidad fue comparar estrategias de desarrollo, distribución y aceptación de vacunas. Según el modelo, acelerar la fabricación podría reducir las muertes de 58,5 millones a 23,9 millones, una disminución del 59 %, incluso en un escenario en el que los países con mayor capacidad económica obtuvieran primero las dosis disponibles.
El efecto sería mayor si el reparto internacional cambiara. Una asignación proporcional al tamaño de la población, en lugar de estar determinada principalmente por el poder adquisitivo, podría evitar 2,7 millones de muertes adicionales a escala mundial. El modelo estimó además que mejorar la confianza en las vacunas podría evitar otros 1,9 millones de fallecimientos.
Un editorial que acompaña el informe señala que una asignación basada en necesidades de salud pública podría reducir la mortalidad mundial en un 64 %, hasta aproximadamente 21,2 millones de fallecimientos, frente a los 58,5 millones considerados en el escenario sin vacunación.
La confianza en las vacunas también forma parte de la preparación
Disponer de vacunas suficientes no garantiza que una campaña de inmunización alcance todo su potencial. La aceptación pública depende, entre otros elementos, de la confianza en las instituciones, la transparencia, la comunicación y la capacidad de los servicios sanitarios para responder de forma fiable.
La experiencia posterior a la COVID-19 continúa mostrando la importancia de ese componente. Las modificaciones de las recomendaciones sobre vacunación contra la COVID-19 en Estados Unidos, por ejemplo, han generado debates sobre cómo comunicar cambios de política sanitaria sin aumentar la incertidumbre entre profesionales y población.
La Comisión PRIME sostiene que la confianza no puede construirse únicamente cuando comienza una emergencia. Requiere instituciones consideradas legítimas, servicios accesibles y relaciones estables entre autoridades, trabajadores sanitarios y comunidades antes de que aparezca un nuevo patógeno.
La evidencia científica sobre las tecnologías utilizadas durante la pandemia continúa evolucionando. Una amplia revisión sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm reunió en 2026 resultados procedentes de ensayos clínicos, investigación de laboratorio y la experiencia acumulada después de miles de millones de dosis administradas.
Los sistemas sanitarios deben resistir una crisis prolongada
Otra de las conclusiones del informe es que la preparación debe evaluarse por el funcionamiento real de los servicios cuando aumenta la demanda y no únicamente por la existencia formal de planes. Una emergencia prolongada puede afectar simultáneamente hospitales, atención primaria, vigilancia, vacunación, personal sanitario y programas destinados a otras enfermedades.
Ese riesgo puede observarse también fuera del contexto de la COVID-19. La presión provocada por enfermedades infecciosas de alta gravedad puede comprometer servicios esenciales, como ha ocurrido en situaciones en las que el ébola ha sometido a los sistemas sanitarios del Congo a una fuerte presión.
La Comisión plantea por ello que la preparación incluya protección de los medios de vida, acceso a alimentos y atención médica, condiciones que permitan cumplir medidas de aislamiento y mecanismos para que la información sanitaria llegue de manera comprensible a las diferentes comunidades.
Diez prioridades y seis bloques para revisar la preparación
El informe organiza sus propuestas alrededor de diez áreas prioritarias y seis bloques fundamentales de preparación. También incorpora el denominado PRIME Test, diseñado para examinar políticas, presupuestos e inversiones y determinar si las medidas previstas protegen realmente la salud, los medios de vida y el bienestar cuando una sociedad entra en una situación de emergencia.
La herramienta busca además comprobar si las intervenciones alcanzan a personas que afrontan barreras económicas, administrativas, habitacionales o digitales y si trabajadores de primera línea y comunidades participan en la planificación. La propuesta desplaza así parte del énfasis desde la capacidad técnica disponible hacia la capacidad efectiva de proteger a la población.
Singapur aparece como uno de los ejemplos analizados. Durante la COVID-19, el país contaba con laboratorios, detección y sistemas de rastreo, pero los brotes registrados en residencias de trabajadores migrantes mostraron que esas capacidades necesitaban complementarse con acciones dirigidas a las condiciones de vida y la relación con las comunidades.
La próxima fase llevará el modelo a contextos nacionales
La siguiente etapa prevista es aplicar el enfoque en países seleccionados mediante PRIME Collective, una plataforma destinada a adaptar las recomendaciones a distintos contextos, establecer indicadores y evaluar si las intervenciones corrigen las vulnerabilidades que amplificaron los efectos sanitarios y sociales de la COVID-19.
El planteamiento central es que una sociedad preparada necesita actuar simultáneamente sobre vigilancia, capacidad clínica, acceso sanitario, protección social, confianza institucional y participación comunitaria. La disponibilidad de tecnología continúa siendo indispensable, pero su efectividad durante una pandemia depende también de que las personas puedan utilizar los servicios y cumplir las medidas de protección.
La discusión trasciende además una enfermedad concreta. Brotes posteriores han demostrado que la preparación frente a amenazas infecciosas sigue siendo un desafío internacional; el análisis de la respuesta de salud pública frente a nuevos brotes evidencia cómo vigilancia, comunicación, coordinación y confianza vuelven a ser determinantes cuando aparece una amenaza sanitaria.
El trabajo de PRIME propone, por tanto, medir la preparación no solo por cuántos recursos posee un país antes de una emergencia, sino por su capacidad para mantener servicios, proteger a quienes enfrentan mayores barreras y distribuir intervenciones sanitarias de manera que reduzcan la mortalidad global.
Fuentes referenciales:
Infobae Salud
National University of Singapore
