Expertos y activistas advierten que la retirada gradual del financiamiento estadounidense puede afectar prevención, tratamiento, clínicas móviles y servicios comunitarios en el país con mayor carga mundial de VIH.
Redactor: Camila Herrera R.
Editor: Eduardo Schmitz
La decisión de Estados Unidos de suspender la financiación de proyectos relacionados con el VIH en Sudáfrica ha generado fuertes críticas y advertencias sobre un posible impacto catastrófico en los esfuerzos para controlar la enfermedad en el país.
A principios de 2025, la Casa Blanca anunció recortes masivos en la ayuda exterior, incluida la destinada a Sudáfrica. Esa decisión ya había afectado de manera significativa a algunos programas vinculados al VIH, pero en junio de 2026 funcionarios estadounidenses confirmaron un nuevo paso: iniciar la reducción gradual del apoyo financiero restante canalizado a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, conocido como Pepfar.
La justificación presentada por Estados Unidos fue que el dinero ya no era necesario debido al nivel de riqueza de Sudáfrica. La medida también fue vinculada aparentemente al incumplimiento de exigencias políticas específicas planteadas por Washington al gobierno sudafricano.
Un país con la mayor carga mundial de VIH
Sudáfrica soporta la mayor carga mundial de VIH, y por eso expertos y activistas consideran que una retirada abrupta de fondos puede provocar mayor transmisión, interrupciones en servicios esenciales y muertes evitables.
La financiación total está prevista para finalizar a comienzos del próximo año, mientras que la mayor parte de los proyectos perdería recursos a finales de septiembre de 2026, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Bruce Tushabe, activista contra el VIH y consultor del Centro Sudafricano de Litigios, advirtió que la retirada gradual del financiamiento estadounidense puede tener repercusiones importantes en la prevención, el tratamiento y los sistemas de salud comunitarios.
Entre los servicios amenazados se encuentran los programas de divulgación comunitaria, las pruebas de VIH, las clínicas móviles, los sistemas de datos y seguimiento, la distribución de la PrEP y las intervenciones dirigidas a poblaciones con mayor riesgo de contraer el virus.
El papel de Pepfar en prevención y tratamiento
Durante más de dos décadas, Pepfar ha sido una pieza central en la respuesta sudafricana al VIH y la tuberculosis. Desde 2003 ha aportado alrededor de 8.000 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil, programas de salud comunitaria, clínicas, investigadores, salarios de profesionales sanitarios e instituciones gubernamentales.
Los datos del propio Pepfar muestran que casi tres cuartas partes de las personas que viven con VIH en Sudáfrica reciben tratamiento con algún tipo de apoyo de ese programa.
El avance de los tratamientos contra el VIH ha transformado la respuesta médica global, pero su impacto depende de continuidad, acceso, diagnóstico temprano y acompañamiento comunitario.
La financiación de Pepfar ha contribuido a ampliar servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo. En la actualidad, el Estado sudafricano adquiere 90 % de los antirretrovirales con fondos públicos, mientras que el 10 % restante procede del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
Sin embargo, los fondos de Pepfar siguen siendo esenciales para financiar una parte importante de la prevención. Activistas advierten que retirarlos sin un plan de transición adecuado puede revertir logros acumulados durante años.
Personal sanitario, pruebas y acceso a medicamentos
Medios sudafricanos han informado sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo, incluso en organizaciones sanitarias de primera línea, como consecuencia de los recortes anunciados desde 2025.
La Treatment Action Campaign, una organización sudafricana dedicada al VIH, informó que su monitoreo comunitario detectó falta de personal en 82 % de los centros sanitarios evaluados desde los recortes.
Además, 15 % de los usuarios de la sanidad pública encuestados afirmaron que los tiempos de espera eran más largos de lo habitual. Otro 30 % indicó que no se le ofreció la prueba del VIH al acudir a un centro sanitario, y 28 % señaló que tardaba más en recoger los antirretrovirales.
La reducción del acceso a pruebas, prevención, apoyo al cumplimiento del tratamiento y divulgación comunitaria puede traducirse en más transmisión, interrupciones terapéuticas, enfermedades prevenibles y muertes evitables.
Poblaciones vulnerables en mayor riesgo
La preocupación es especialmente alta entre poblaciones clave y vulnerables, que a menudo dependen de servicios dirigidos por la comunidad y redes de atención situadas fuera de los centros sanitarios convencionales.
Estos servicios ofrecen espacios de atención sin estigma, accesibles y de confianza, difíciles de reemplazar dentro del sistema sanitario general. Entre los grupos mencionados por activistas figuran adolescentes y mujeres jóvenes, trabajadoras sexuales, personas que consumen drogas, personas transgénero, hombres gais y bisexuales, migrantes y personas en situación de pobreza.
Algunos estudios han estimado que una retirada total y no gestionada del financiamiento estadounidense para programas contra el VIH podría provocar hasta 296.000 infecciones adicionales y hasta 65.000 muertes más para 2028.
En paralelo, la investigación biomédica sigue explorando nuevas herramientas de prevención y tratamiento, incluidas opciones como anticuerpos frente al VIH, pero estas innovaciones no sustituyen la necesidad de sistemas de salud sostenidos y accesibles.
El gobierno sudafricano habla de transición
El Ministerio de Sanidad de Sudáfrica ha intentado reducir la alarma pública. En un comunicado afirmó que el gobierno no había sido informado oficialmente por Estados Unidos sobre el fin de la financiación, pero sostuvo que la medida no era inesperada.
El ministerio indicó que trabaja desde los recortes del año pasado en un plan de autosuficiencia para minimizar el impacto de la retirada del financiamiento estadounidense. También afirmó que no hay motivo para el pánico, porque el plan de transición ya estaba elaborado y su implementación se encuentra en marcha.
El gobierno señaló que Pepfar apoyaba al Departamento de Sanidad en 27 distritos de alta carga de VIH/sida, de un total de 52 distritos del país, distribuidos en ocho provincias. También aseguró que los centros públicos de salud siguen siendo accesibles para los usuarios, incluidos quienes recibían atención en clínicas financiadas por el programa.
A pesar de esas declaraciones, expertos en VIH sostienen que la respuesta sanitaria se verá afectada. Linda-Gail Bekker, directora del Centro Desmond Tutu contra el VIH, señaló que la financiación retirada respaldaba componentes clave de la respuesta al VIH y la tuberculosis, especialmente la prevención primaria.
Salud pública, política y continuidad de servicios
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida, pidió a Estados Unidos reconsiderar su postura. La responsable del programa de Naciones Unidas advirtió que retirar ese apoyo equivale a privar de ayuda vital a las personas más vulnerables.
Otros grupos, como la Treatment Action Campaign, llamaron a la Casa Blanca a colaborar con gobiernos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil para mitigar las consecuencias de la retirada de fondos.
La decisión también ha generado indignación por sus motivaciones políticas. Informaciones citadas por IPS indicaron que un funcionario del Departamento de Estado vinculó la suspensión al fracaso de Sudáfrica para mostrar avances demostrables en peticiones políticas formuladas por la administración estadounidense.
Para activistas y especialistas, la política no debe interferir con la continuidad de servicios que salvan vidas. La experiencia internacional con otras amenazas infecciosas, como los esfuerzos frente a brotes virales en África, muestra que la preparación sanitaria requiere financiamiento sostenido, vigilancia y confianza comunitaria.
La retirada de fondos llega en un momento en que Sudáfrica aún necesita sostener prevención, pruebas, tratamiento, apoyo comunitario y atención a poblaciones vulnerables. La transición hacia mayor financiamiento nacional puede ser necesaria, pero los expertos advierten que hacerla sin tiempo, recursos ni coordinación puede dejar vacíos sanitarios difíciles de cerrar.
